La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), publicada en el BOE el 6 de diciembre de 2018, es una de las piezas legislativas más relevantes del ecosistema jurídico español.
Esta norma adapta el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo al contexto nacional y establece nuevos derechos para los ciudadanos en el entorno digital.
Pero ¿qué diferencia esta ley de otras anteriores? ¿Qué obligaciones impone a las empresas? ¿Y qué consecuencias existen en caso de incumplimiento?
La LOPDGDD es la norma que complementa el RGPD en el ordenamiento jurídico español. Mientras el RGPD establece un marco general de protección de datos para la Unión Europea, esta ley concreta cómo se debe aplicar en España y regula aspectos específicos no detallados en el reglamento europeo.
Una de sus mayores aportaciones es que incluye, por primera vez en Europa, un catálogo de derechos digitales, reforzando el marco normativo más allá de la protección clásica de datos personales.
Además de armonizar con el RGPD, la LOPDGDD se vincula estrechamente con normativas como la ISO/IEC 27001, ya que promueve la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para cumplir con los principios de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
Además de reforzar los derechos que ya establece el RGPD (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación), la LOPDGDD introduce nuevos derechos digitales que buscan proteger la identidad y privacidad de las personas en entornos conectados.
Entre los más importantes se encuentran:
Estos derechos deben ser integrados en las políticas internas de las empresas, especialmente en sectores como educación, salud, banca o telecomunicaciones, donde se manejan grandes volúmenes de datos.
La ley establece una serie de requisitos que deben cumplir todas las organizaciones que recolecten o procesen datos personales en España:
La figura del DPD está ampliamente desarrollada en la LOPDGDD y puede ser interna o externa. Si tu empresa gestiona datos sensibles o a gran escala, es recomendable leer esta guía sobre el DPO y su importancia.
El régimen sancionador de la LOPDGDD es el mismo que el del RGPD, con multas que pueden llegar hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio global anual, lo que sea mayor. Estas sanciones se aplican dependiendo de la gravedad del incumplimiento:
En sectores donde se maneja información crítica, como hospitales o entidades financieras, el borrado seguro y certificado también es fundamental para evitar riesgos durante la baja de sistemas o la eliminación de archivos sensibles.
La ley aplica a todos los sectores que recolecten datos personales en España, pero tiene un impacto especialmente fuerte en:
Estas industrias deben no solo implementar un SGSI robusto, sino también políticas claras de retención, portabilidad y destrucción de datos, siguiendo guías como la de gestión de políticas de retención.
La ley obliga a todas las organizaciones a notificar cualquier brecha de seguridad que pueda comprometer datos personales, dentro de un plazo de 72 horas. El aviso debe incluir:
Es crucial que exista una política previa de respuesta a incidentes y borrado seguro. Puedes apoyarte en normas como NIST SP 800-53 o ISO/IEC 27040 para asegurar que los procesos sean auditables y confiables.
Sí. Si recolectas o procesas datos de ciudadanos españoles, debes cumplirla aunque tu empresa esté fuera del país.
El RGPD es un reglamento europeo de aplicación directa. La LOPDGDD lo complementa y especifica su implementación en el contexto español.
Sí, si tu empresa trata datos sensibles, realiza perfiles automatizados o recopila datos a gran escala.
Un buen punto de partida es implementar un SGSI con soporte en la norma ISO 27001 y prácticas de borrado certificado.
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